CincoDias.com – R. Díaz Guijarro
La nueva iniciativa se pondrá en marcha a partir del mes de julio con un doble objetivo. Por un lado, ofrecer a las familias que tienen ahora más dificultades de acceso a la financiación de una casa una garantía temporal para adquirir una VPO. Por otro, incentivar a las entidades de crédito a firmar nuevos préstamos convenidos para poder ejecutar el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEVR) que prevé un total de un millón de actuaciones.
Y es que el Ministerio de Vivienda había detectado que al igual que está ocurriendo en el mercado libre, en materia de VPO bancos y cajas estaban siendo cada vez más exigentes a la hora de analizar los perfiles de riesgo de sus posibles clientes.
Sin embargo, si la morosidad de los créditos de los hogares para compra de vivienda es baja (el último dato disponible la sitúa en el 2,36%), en el caso de que se trate de una VPO no llega al 2%. Aún así, y para evitar que un solo comprador de pisos de protección oficial se quede fuera del mercado por falta de crédito, desde el Ejecutivo se ha instrumentado esta nueva línea de avales con duración limitada.
Según ha podido saber CincoDías, el plazo de ejecución del aval que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) será de cuatro a seis años, a contar desde la fecha de firma de la operación. La aplicación de un plazo u otro dependerá del grado de compromiso que acredite la entidad financiera que conceda la hipoteca.
Dicho grado de compromiso del banco o caja se medirá en función del incremento que haya experimentado su cartera de créditos para VPO. El mínimo se ha establecido en un 10% con respecto al ejercicio anterior, con al menos 7,5 millones de euros de aumento, tomándose como referencia el año 2008.
¿Por qué una duración tan corta cuando los cálculos se han efectuado sobre préstamos con una vida media de 15 años y las hipotecas de VPO ya pueden prolongarse hasta 25 anualidades?
Los estudios que se han manejado antes de elaborar esta línea de garantías aseguran que de todos los préstamos que entran en mora, el 69% lo hace en los seis primeros años de vida del crédito, siendo el tercer, cuarto y quinto año los de mayor probabilidad de que se produzca el impago (ver ilustración).
Las entidades que más colaboren en la financiación de VPO, y por tanto sean catalogadas como preferentes se espera que gestionen hasta un 75% del total de créditos acogidos a esta línea de avales y puesto que acapararán más hipotecas, el Ejecutivo se compromete a garantizarles una morosidad del 3% de su cartera de vivienda protegida. Para el resto de bancos y cajas, el aval llegará sólo al 2%.
El ICO recibirá una comisión del 0,25% flat sobre los importes de cobertura de aval máximo de esta nueva línea. En cuanto al funcionamiento del aval, se ha intentado simplificar al máximo los trámites.
Así, transcurridos 75 días desde la primera cuota impagada, bancos y cajas procederán a la ejecución provisional de los avales, sin requerimientos documentales, para aplicarlo a las cuotas de principal de 12 meses. Vencidos esos 12 meses, se liquidará el aval mediante la devolución del importe al ICO o ejecución definitiva, en caso de impago. Con ello, se logra no tener que llevar la operación con impagos de 90 días al listado de morosidad e iniciar los trámites de recuperación y ejecución, con la consiguiente dotación de provisión, tal y como establece el Banco de España.
Se permite, por tanto, con la garantía del aval provisional del ICO la gestión de la operación durante 12 meses, lo que permitirá en muchos casos reconducir la operación y evitar el impagado.
